La Ley de Secretos Empresariales (Ley 1/2019, de 20 de febrero) se publicó hace poco más de un año, tiempo suficiente para poder realizar un primer análisis de la norma y de sus aspectos más prácticos. No se trata sólo de un ajuste en la normativa de Competencia Desleal, supone, en realidad un cambio cualitativo por cuanto la Ley tiene su origen en el mandato de una Directiva comunitaria muy ambiciosa que tenía como objetivo establecer un concepto autónomo de secreto comercial en el seno de la Unión Europea, así como articular sistemas de protección comunes para todo el espacio europeo. Tanto la Directiva como la Ley dan a los secretos empresariales una clara dimensión patrimonial, los convierten en una especie de derechos de propiedad industrial con sustantividad propia. Además, la nueva normativa supone un avance significativo en la exigencia de proteger los secretos empresariales incluso dentro de los propios procedimientos judiciales.